Por Carolina Trens
En Colombia hay dos cosas absolutamente
claras: una, que las FARC y toda la insurgencia se pueden desmovilizar hoy y la
guerra civil va a continuar en condiciones innombrables, inimaginables, en un maremágnum
de violencia, en una vorágine de terror que nos conduciría seguramente por la
senda de las mal llamadas “intervenciones humanitarias”: ya sabemos que es la
guerra total, bombardeos sobre las ciudades y campos, sometimiento a sangre y
fuego por parte del imperio.
Y dos: que el gobierno santista, que tiene
tanto afán, puede hacer la paz entre hoy y mañana. ¡Inclusive sin la
insurgencia! ¿Que pasa señor Santos que no desmonta el paramilitarismo? ¿Por
qué no decreta la conversión de sus Fuerzas Armadas de ejércitos de ocupación
de su propio país en fuerzas de paz defensoras de las fronteras patrias? ¿Por
qué no legaliza la producción de cultivos de uso ilícito? ¿Por qué no
interviene los bancos lavadores de dineros del narcotráfico? ¿Es incapaz de detener
los crímenes contra las lideresas y los líderes reclamantes de tierras, contra
los sindicalistas y dirigentes de los trabajadores?
Si en el paraíso terrenal –donde no hay lucha
de clases, según informes de última hora- se ubica a una oligarquía vulgar,
terrateniente, latifundista, mafiosa, arrodillada frente al capital
transnacional; que mantiene sus privilegios gracias a la violencia, sostenida
por presupuestos aprobados año tras año por congresistas liberales y
conservadores esencialmente corruptos, ligados al narcoparamilitarismo; se
ubica en el paraíso a unas FF.AA. corrompidas por el Estado quien les ha puesto
como tarea fundamental asesinar compatriotas en función de preservar el status quoy se ubica a un pueblo que
lucha, resiste y no se conforma y se rebela; pues en el paraíso habrá guerra!
Desmontar la confrontación militar, parar la
guerra, debería ser tarea de primer orden para todo colombiano y en primer
lugar para quienes la iniciaron y la mantienen. El Presidente, su gobierno, el Congreso
de la República, el poder Judicial, el Estado colombianoen su conjunto debería
estar impulsando la locomotora de la paz, el desmonte de las causas que
originaron el estado de cosas que padecemos, que no permiten la prosperidad del
país, el salto a la democracia y el desarrollo.
Pero no es así. Los negocios y las ganancias
que no dan espera, impulsan a Santos a iniciar unos diálogos con la guerrilla
de las FARC, partiendo de un hecho equivocado y es el de que están derrotadas.
¡Vanas ilusiones! Mientras le hace creer al país y al mundo que está interesado
en la paz para Colombia, en la práctica hace exactamente lo contrario.
Hace dos años Santos proclamó la Ley de
Restitución de tierras, devolver las tierras robadas, arrebatadas a sus dueños
a sangre y fuego, hizo venir a Ban Ki- moon (ONU) para la foto y para hacer
creíble la promesa: hasta hoy la restitución está en ceros (¡que pena con ese señor!). Santos ha firmado todos los TLC posibles, cuando se ha demostrado hasta la
saciedad que son la ruina para países como el nuestro. De entrada lanzará a la
miseria a medio millón de familias productoras de leche, quesos y otros
derivados. Por órdenes del Banco Mundial comenzará la legalización del despojo
de tierras y territorios, con la titulación de tierras que va en simultánea y
en paralelo con la eliminación de las UAF[1].
También ha puesto en venta nuestro territorio con la última gran política: la
extranjerización de la tierra. En síntesis, no hay peor política frente al
campo, no hay peor contribución a la paz. Santos se empeña en fortalecer los
poderes y los intereses causantes de la guerra, se empeña no solo en excluir al
campesinado sino que pretende hacerlo desaparecer.
Contrario a las opiniones y recomendaciones de
organismos internacionales[2],
de ONG y personalidades defensoras de Derechos Humanos, Santos hizo aprobar el
fuero penal militar ampliado. Lo que cualquiera con la mínima sensatez esperaría
es que, si hay voluntad de paz por parte del gobierno, apruebe una legislación
que sustente una política que la respalde. ¡Pero no! Santos, su gobierno, su
congreso prefieren un Ejército de ocupación, unas Fuerzas Armadas de sicarios
genocidas, torturadores, violadores. Estos son los delitos que quedaron
excluidos de la competencia de la justicia civil: genocidio, desaparición
forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, desplazamiento
forzado. También serán de exclusiva competencia de tribunales militares el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Los miembros de las fuerzas militares de
Colombia deben pensar seriamente hasta cuándo van a permitir que el poder
político y económico los tenga de verdugos de sus compatriotas. Hasta cuándo
van a permitir que los sigan utilizando como chivos expiatorios para lavar su
imagen; crean leyes bajo las cuales los ponen a delinquir ,para después, cuando
se ven muy acosados por la comunidad internacional, los acusan, los detienen y
los juzgan. Cuando los acusados empiezan a hablar y a develar estos crímenes
como de Estado y de lesa humanidad, entonces retuercen la ley y los absuelven.
Es el caso de más de 3.500 mal llamados “falsos positivos”[3]
que se han perpetrado en el país, cuyos responsables directos son Álvaro Uribe
Vélez y su ministro de defensa Juan Manuel Santos, hoy presidente.
Otra contribución importante de Santos a la
paz de los colombianos es la reforma tributaria. Una ley para ampliar la ya
enorme brecha entre ricos y pobres, que nos llevará a ocupar no el 7º lugar de
país más desigual del mundo sino uno de los primeros. Los impuestos a los
empresarios ricos bajan del 33% al 25%, se amplía la base tributaria y la clase
media cargará sobre sus hombros con las obligaciones de los más pudientes, y
peor aún para el 80% de los trabajadores que tan sólo ganan uno y máximo dos
salarios mínimos. La reforma destruirá al ICBF[4]
y al SENA, la Universidad de los pobres, los niños y los jóvenes sobran en esta
sociedad: no son rentables.
Pareciera que es imposible un ambiente peor
para la paz y la reconciliación de los colombianos,pero Santos es infinitamente
más creativo, no desaprovecha oportunidad para lanzar amenazas a través de los
abyectos medios de comunicación contra los guerrilleros de las FARC y sus comandantes.
Que si no cumplimos sus “ukases” nos manda matar. Que si no firmamos una
capitulación que permita su reelección, nos mata!
Amenazas más veladas y peligros también más
reales trascienden las fronteras de Colombia. No se les pone mucha atención
porque parecen loquitos, pero la esquizofrenia ha iniciado más de una guerra.
Santos y su ministro Pinzón han anunciado la compra de nuevo y sofisticado
armamento; la construcción por las empresas Indumil, Cotecmar y Ciacde drones,
de embarcaciones fluviales que pueden recibir helicópteros y de radares en el
marco de “programas estratégicos”. El Congreso aprobó un presupuesto de Defensa
de 14.500 millones de dólares para 2013 muy superior al de este año. ¿Si la
política es de paz, qué significa todo esto?
Lo evidente es la preparación de una guerra
regional detrás de la cual es obvio que está el complejo militar industrial de
los EE.UU. El pretexto está servido: la decisión de La Haya frente al conflicto
marítimo con Nicaragua. América Latina debe estar alerta frente a una
provocación guerrerista contra Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Las FARC por su parte no declinarán en su
lucha por la paz, por los cambios profundos que la hagan realidad, confiando plenamente en la sabiduría y fuerza del pueblo que
con cada movilización multiplica nuevos espacios para su victoria.
Nota: El 21 de diciembre de este año se
termina el ciclo de rotación del sistema solar en la galaxia, 26 mil años. Se
iniciará una nueva travesía, una nueva era para la humanidad y ahí en primera
fila estará el Comandante Hugo Chávez.
[1]Unidad Agrícola Familiar, las UAF producen
alrededor del 40% de la comida de todos los colombianos.
[2]Comisión y Corte Interamericana de Derechos
Humanos, la Comisión de Expertos de Naciones Unidas y de Human RightsWatch
entre otras.
[3]Hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados
por la fuerza pública y presentados como guerrilleros muertos en combate.
[4]Institución para la protección de la niñez.